Categoría: Legales

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), ha confirmado que las normas que garantizan la neutralidad de Internet en el país, en vigor desde 2015, dejarán de tener efecto el 11 de junio. Esta comisión derogó en diciembre las reglas de neutralidad de red de la era Obama, lo que permite a los proveedores de Internet bloquear o ralentizar sitios web, siempre que lo comuniquen a los usuarios. Fracasan así los intentos de salvaguardar las normas para mantener una red que no discrimine los contenidos por razón de su origen, contenido u otros intereses.

Algunos estados y grupos de defensa de libertades y de consumidores han tratado, en vano, de bloquear las nuevas reglas. Esta nueva normativa se considera una victoria para los proveedores de conexión a Internet, como AT&T y Comcast, pero genera la oposición de los gigantes de la red como Facebook y Alphabet, la matriz del gigante Google. La neutralidad de la red, como principio, estaba consagrada en la normativa que fue derogada en diciembre, y que prohibía a los proveedores de servicios bloquear, y ralentizar el acceso, o cobrar más por ciertos contenidos en línea. Una vez que entren en vigencia, las nuevas normas otorgarán a los proveedores de conexión a Internet una gran flexibilidad para cambiar la forma en que los consumidores acceden a Internet.

La justicia belga ha dado a Facebook un plazo de 48 horas para que deje de rastrear la actividad en Internet de aquellas personas que no son miembros de su red social pues en caso contrario, deberá pagar una multa de 250.000 euros al día. La nueva decisión sigue a la del mes de junio, cuando el regulador de protección de datos belga acusó a la compañía de no cumplir la ley de privacidad de Estados Unidos, ya que según este, la compañía recopila información de personas que no disponen de cuenta en su servicio.

Además, en octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó el acuerdo para la transferencia de datos personales de ciudadanos europeos a Estados Unidos, el llamado «puerto seguro», por entender que no se protegían adecuadamente los datos. En el nuevo fallo judicial se cuestiona la llamada cookie «datr», la cual permite realizar, según el tribunal, un seguimiento de las actividades en línea desde el navegador cuando las personas visitan, por ejemplo, la página de la red social o hacen clic en el botón de Facebook desde otros sitios web.

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Google podría hacer frente a una costosa multa o verse obligada a cambiar su estrategia con Android en Rusia. La agencia federal anti-monopolio del país (FAS) ha determinado que la práctica de obligar a los fabricantes de telefonía a instalar aplicaciones y servicios de Google en sus teléfonos supone un abuso de poder. Aunque no hay todavía una sentencia firme, la agencia anti-monopolio (FAS) remitirá sus conclusiones a Google durante la próxima semana.

El gigante de la red podría tener que hacer frente a una multa de más del 15 por ciento de su facturación en el país. La investigación de la FAS comenzó el pasado mes de febrero a raíz de una denuncia de su rival, el buscador ruso ‘Yandex’, que acapara el 61,9 por ciento de las búsquedas del país y crece a un ritmo del 20 por ciento anual. Su posición en el móvil, sin embargo, dista mucho de la que tiene entre los usuarios de PC convencional debido a que la mayoría de fabricantes de teléfonos Android -la plataforma más extendida en el país- están obligados a instalar el buscador de Google por defecto y varias aplicaciones y servicios de la compañía.

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El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha introducido modificaciones en la regulación de los servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes de telefonía móvil, conocidos como SMS Premium. La Orden impone que la contratación de servicios SMS Premium de suscripción sólo pueda realizarse mediante la marcación directa del número telefónico por el usuario en el teléfono móvil, por lo que no se podrá contratar ni en Internet a través de navegadores web, ni en aplicaciones.

Las modificaciones, que Industria ha aprobado mediante Orden Ministerial, acaban así con las suscripciones a través de Internet no solicitadas y con el envío de mensajes SMS Premium de manera automática mediante la instalación de aplicaciones sin la necesaria marcación del usuario y sin su consentimiento. Asimismo, una nueva prohibición que establece la Orden consiste en impedir que un número de tarificación adicional SMS Premium figure como número identificador de mensajes que reciba el usuario. De este modo, se impedirán fraudes como el incitar al usuario a contestar a estos mensajes mediante la opción «responder», sin ser conscientes de que se trata de mensajes con tarificación adicional.

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El vicepresidente de Desarrollo Corporativo de Google, David Drummond, expresó su esperanza de que las conversaciones que la multinacional estadounidense mantiene con editores y autoridades conduzcan a la reapertura en nuestro país del servicio de agregación de noticias Google News, cerrado en diciembre pasado. Ante el foro ‘Global Editors Network’ (GEN), Drummond confesó que el cierre de ‘Google News.es’ fue «una de las decisiones más tristes» que hubo de tomar como responsable de la compañía.

El responsable de Google hizo balance de la iniciativa DNI (Digital News Initiative), lanzada en abril y con la que la empresa californiana se propone financiar proyectos innovadores de los medios periodísticos. La iniciativa comenzó con once socios, entre ellos ‘Global Editors Network’ y los diarios The Guardian, Die Zeit, Les Echos y El País, pero ahora asocia ya a más de 65 participantes, y cerca de un millar de entidades han expresado su interés en participar.

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En el mes de mayo de 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio la razón a un español que solicitó a Google que borrara de su motor de búsqueda los enlaces a sitios que contenían información que le perjudicaba, fallando a favor del ‘derecho al olvido’. Un año después de cumplirse esta sentencia, la compañía, con sede en Palo Alto, ha recibido 780.000 solicitudes para retirar direcciones de su buscador. De estas solicitudes, el 58,7 por ciento han sido rechazadas por no cumplir con los requisitos.

Alrededor del 41 por ciento de las peticiones por parte de usuarios para borrar contenido sensible sí ha pasado los filtros, es decir, unos 312.000 enlaces. Para poder pedir que un enlace sea retirado, Google ha dispuesto un formulario que se encuentra disponible al público desde mayo del año en que la sentencia al derecho al olvido fue aprobada. La evaluación de estas peticiones es considerada caso por caso, para ver si se acoge a dicho supuesto legal, que exige requisitos muy concretos.

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El servicio online de música en streaming Grooveshark ha admitido que ha cometido ‘errores muy graves’, a pesar de tener la mejor de las intenciones, que le han hecho tener que cerrar su página como parte de un acuerdo con los principales sellos discográficos. Con esta medida Grooveshark se une al club de todos aquellos que han tenido que cerrar sus servicios, tras haber sido demandados, por no haber podido obtener las licencias de los titulares de los derechos de autor.

Este acuerdo pone fin a una batalla legal de cuatro años de duración en donde Escape Media, la empresa propietaria de Grooveshark ha tenido que rendirse ante los gigantes de la industria musical. Tras firmar el acuerdo con algunas de estas compañías Escape Media ha tenido que cerrar su servicio, así como borrar sus cuentas en redes sociales, y pedir disculpas públicamente a la industria.

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La Audiencia Nacional ha decretado el bloqueo de la página web de «streaming» Goear, en la que se ofrece la escucha de audio de alrededor de cuatro millones de archivos musicales subidos por los usuarios, y en la que se incluyen enlaces publicitarios. En esta página, el usuario dispone de un extenso catálogo de canciones e incluso puede crear listas de reproducción o realizar búsquedas por géneros musicales.
 
De esta forma, la Audiencia Nacional ha estimado el recurso de apelación presentado por AGEDI contra el Auto del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo numero 10 de Madrid que denegó en marzo de 2014 la suspensión del servicio de direccionamiento IP prestado por la empresa Cogent Communications España a PC Irudia SL, responsable de la web Goear.

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Wikimedia Foundation, organización sin ánimo de lucro que gestiona la enciclopedia Wikipedia, ha demandado al Gobierno de los Estados Unidos y a su Agencia de Seguridad Nacional (NSA) por vigilar de manera «masiva» en Internet para acceder supuestamente a miles de documentos de ciudadanos dentro y fuera del país. La denuncia, apoyada por otras ocho organizaciones, fue presentada ante la Corte del Distrito de Maryland y está dirigida contra altos cargos del Gobierno estadounidense.

Además de Wikimedia, entre los demandantes se encuentran importantes organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y la Oficina de Washington para América Latina (WOLA). Los demandantes exigen al tribunal que considere «ilegal» la «vigilancia masiva» de la NSA sobre los estadounidenses y otros ciudadanos del mundo, e inste al Gobierno a eliminar de su base de datos todas las comunicaciones presuntamente interceptadas.

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La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) ha pedido «la intervención de las autoridades españolas y comunitarias» tras la confirmación, por parte de Google, de que cerrará su servicio de noticias Google News en nuestro país. Un cierre que se hará efectivo el próximo día 16 de diciembre. AEDE ha difundido un comunicado en el que muestran su preocupación por el cierre del servicio, ya que consideran que Google tiene «una posición dominante» en el mercado de Internet y de los medios.

Google es «la auténtica puerta de acceso a Internet», dicen desde esta asociación, que fue la instigadora del canon que ahora quiere implantarse. AEDE requiere así la intervención de las autoridades españolas y comunitarias «para proteger de manera eficaz los derechos de los ciudadanos y de las empresas».

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