En el mes de mayo de 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio la razón a un español que solicitó a Google que borrara de su motor de búsqueda los enlaces a sitios que contenían información que le perjudicaba, fallando a favor del ‘derecho al olvido’. Un año después de cumplirse esta sentencia, la compañía, con sede en Palo Alto, ha recibido 780.000 solicitudes para retirar direcciones de su buscador. De estas solicitudes, el 58,7 por ciento han sido rechazadas por no cumplir con los requisitos.
Alrededor del 41 por ciento de las peticiones por parte de usuarios para borrar contenido sensible sí ha pasado los filtros, es decir, unos 312.000 enlaces. Para poder pedir que un enlace sea retirado, Google ha dispuesto un formulario que se encuentra disponible al público desde mayo del año en que la sentencia al derecho al olvido fue aprobada. La evaluación de estas peticiones es considerada caso por caso, para ver si se acoge a dicho supuesto legal, que exige requisitos muy concretos.
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