Categoría: Legales

Entre las actuaciones que se van a llevar a cabo destaca la renovación de los 351 Puestos de Actualización de Documentación instalados en las comisarías, que son los que permiten renovar los certificados del DNI, cambio de contraseña para acceder a los certificados electrónicos y llevar a cabo operaciones de consulta de datos y verificación. Otra de las actuaciones ya operativa es la posibilidad del pago de las tasas a través de terminales de punto de venta (TPV), y la implementación del pago a través de la Agencia Tributaria.

La Unión Europea se dirige hacia la implementación obligatoria de la Ley de Mercados Digitales (DMA), que cambiará la distribución de aplicaciones móviles en Android e iOS. Empresas como Microsoft, Meta y tiendas alternativas como Uptodown anticipan este cambio. La DMA busca crear un mercado más equitativo y competitivo, afectando a las tiendas de aplicaciones de Apple y Google debido a su supuesto «duopolio». A partir de marzo del próximo año, las empresas consideradas «gatekeepers» deberán cumplir con obligaciones que fomenten comportamientos justos y abstenerse de prácticas desleales.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas millonarias a Apple y Amazon por llegar a acuerdos secretos que perjudicaron a sus competidores en la plataforma de comercio electrónico de Amazon en España. Estos pactos restringieron el número de empresas autorizadas a vender productos de Apple en Amazon, lo que resultó en un aumento de precios y la exclusión de revendedores minoristas. Además, limitaron la publicidad de marcas competidoras de Apple en la web de Amazon y dificultaron el comercio entre países miembros de la Unión Europea.

Un grupo de ONGs ha pedido a los gobiernos de todo el mundo que respeten los derechos humanos a la hora de utilizar tecnologías como la geolocalización con los ciudadanos para combatir el coronavirus, y reclaman un uso «legal, necesario y proporcionado» de estos sistemas para evitar una situación de vigilancia masiva. Esta petición se ha formalizado en un manifiesto conjunto al que se han unido 106 organizaciones de diversa índole de todo el mundo, entre las que destacan Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Privacy International y la Fundación World Wide Web.

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La Policía Nacional ha llevado a cabo, en colaboración con Reino Unido, Dinamarca y Europol, la mayor operación europea contra la distribución ilegal de IPTV (Televisión por Internet), en la que han sido arrestadas cinco personas (tres de ellas en España) y desmanteladas once «granjas» de servidores distribuidas por todo el mundo que dieron un beneficio de ocho millones de euros. Los arrestados están acusados de pertenencia a organización criminal, delitos contra la propiedad intelectual, fraude en telecomunicaciones y blanqueo de capitales. Además, desde 2013 habían desviado más de 1,6 millones de euros a sociedades ubicadas en el extranjero.

La Policía destaca que se trata de la mayor operación realizada hasta la fecha a nivel europeo contra este delito, con la que se ha puesto fin a una infraestructura tecnológica internacional muy compleja. La investigación comenzó a finales de 2015 tras una denuncia presentada por la Premier League por un presunto delito contra la propiedad intelectual llevado a cabo por una web radicada en Málaga que ofrecía suscripciones de IPTV con acceso a multitud de canales internacionales. Los agentes comprobaron que se trataba de un entramado de gran envergadura que ofrecía suscripciones que permitían ver más de 800 canales, obras audiovisuales protegidas y un listado de emisoras de radios extranjeras. El precio de las suscripciones variaba no solo por el tipo de suscripción, sino por el tiempo de abono a la misma, y oscilaba entre los cuarenta euros mensuales y los cuatrocientos sesenta.

Juristas y expertos en privacidad han redactado un formulario para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de oposición a la creación por parte de los partidos políticos de listas basadas en ideologías, que se recoge dentro de la nueva Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD). La nueva Ley, que ha entrado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, incluye el artículo ’58 bis’, por el que se legaliza el envío de propaganda política a partir de una recopilación de datos personales de los ciudadanos.

Esta ley, como explica el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, «permite a los partidos la posibilidad de recopilar datos personales y opiniones políticas en redes sociales sin necesidad del consentimiento expreso». Una de las consecuencias que más preocupan es que la medida permitirá personalizar la propaganda política, pero preocupa sobre todo que abra la puerta a la creación de perfiles ideológicos. En este sentido, desde la Asociación de Internautas aconsejan rellenar y enviar a los partidos políticos un formulario, que ha sido elaborado por los letrados, Carlos Sánchez Almeida, David Bravo, Borja Adsuara, Samuel Parra (451.legal), Sergio Carrasco y Ofelia Tejerina, y junto con la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, para evitar «el rastreo ideológico».

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) llega el viernes 25 de mayo con cambios «importantes» para los ciudadanos que tendrán un mayor control sobre sus datos, y para los sectores tanto públicos como privados, y será de aplicación en cualquier parte del mundo. Esta normativa supone un «cambio muy importante» en el modelo que se estaba aplicando debido a que, a partir de ahora, se va a aplicar un modelo preventivo. Ya no se pueden tratar los datos con el consentimiento tácito, y los ciudadanos van a tener «mucho mayor control» de los derechos que tienen en cuanto al tratamiento de sus datos personales.

Asimismo, en esta normativa europea hay «nuevos derechos» como el Derecho a la limitación en el tratamiento; y por primera vez, se recoge el Derecho al olvido; y el Derecho a la portabilidad. Respecto a las empresas, se diferencian varios ámbitos ya que no todas habrán de cumplir los mismos requisitos y obligaciones. Así, las pequeñas empresas tratan datos de riesgo básico, mientras que las grandes empresas realizan Big Data, Inteligencia Artificial etc. Éstas últimas van a estar obligadas a tener un Delegado de Protección de Datos porque, en muchas ocasiones, llevan a cabo perfilados y tratan datos «sensibles». Además las grandes empresas tendrán que tener hecho y documentado un análisis de riesgos y una evaluación de impacto.