Categoría: Legales

Un grupo de ONGs ha pedido a los gobiernos de todo el mundo que respeten los derechos humanos a la hora de utilizar tecnologías como la geolocalización con los ciudadanos para combatir el coronavirus, y reclaman un uso «legal, necesario y proporcionado» de estos sistemas para evitar una situación de vigilancia masiva. Esta petición se ha formalizado en un manifiesto conjunto al que se han unido 106 organizaciones de diversa índole de todo el mundo, entre las que destacan Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Privacy International y la Fundación World Wide Web.

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La Policía Nacional ha llevado a cabo, en colaboración con Reino Unido, Dinamarca y Europol, la mayor operación europea contra la distribución ilegal de IPTV (Televisión por Internet), en la que han sido arrestadas cinco personas (tres de ellas en España) y desmanteladas once «granjas» de servidores distribuidas por todo el mundo que dieron un beneficio de ocho millones de euros. Los arrestados están acusados de pertenencia a organización criminal, delitos contra la propiedad intelectual, fraude en telecomunicaciones y blanqueo de capitales. Además, desde 2013 habían desviado más de 1,6 millones de euros a sociedades ubicadas en el extranjero.

La Policía destaca que se trata de la mayor operación realizada hasta la fecha a nivel europeo contra este delito, con la que se ha puesto fin a una infraestructura tecnológica internacional muy compleja. La investigación comenzó a finales de 2015 tras una denuncia presentada por la Premier League por un presunto delito contra la propiedad intelectual llevado a cabo por una web radicada en Málaga que ofrecía suscripciones de IPTV con acceso a multitud de canales internacionales. Los agentes comprobaron que se trataba de un entramado de gran envergadura que ofrecía suscripciones que permitían ver más de 800 canales, obras audiovisuales protegidas y un listado de emisoras de radios extranjeras. El precio de las suscripciones variaba no solo por el tipo de suscripción, sino por el tiempo de abono a la misma, y oscilaba entre los cuarenta euros mensuales y los cuatrocientos sesenta.

Juristas y expertos en privacidad han redactado un formulario para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de oposición a la creación por parte de los partidos políticos de listas basadas en ideologías, que se recoge dentro de la nueva Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD). La nueva Ley, que ha entrado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, incluye el artículo ’58 bis’, por el que se legaliza el envío de propaganda política a partir de una recopilación de datos personales de los ciudadanos.

Esta ley, como explica el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, «permite a los partidos la posibilidad de recopilar datos personales y opiniones políticas en redes sociales sin necesidad del consentimiento expreso». Una de las consecuencias que más preocupan es que la medida permitirá personalizar la propaganda política, pero preocupa sobre todo que abra la puerta a la creación de perfiles ideológicos. En este sentido, desde la Asociación de Internautas aconsejan rellenar y enviar a los partidos políticos un formulario, que ha sido elaborado por los letrados, Carlos Sánchez Almeida, David Bravo, Borja Adsuara, Samuel Parra (451.legal), Sergio Carrasco y Ofelia Tejerina, y junto con la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, para evitar «el rastreo ideológico».

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) llega el viernes 25 de mayo con cambios «importantes» para los ciudadanos que tendrán un mayor control sobre sus datos, y para los sectores tanto públicos como privados, y será de aplicación en cualquier parte del mundo. Esta normativa supone un «cambio muy importante» en el modelo que se estaba aplicando debido a que, a partir de ahora, se va a aplicar un modelo preventivo. Ya no se pueden tratar los datos con el consentimiento tácito, y los ciudadanos van a tener «mucho mayor control» de los derechos que tienen en cuanto al tratamiento de sus datos personales.

Asimismo, en esta normativa europea hay «nuevos derechos» como el Derecho a la limitación en el tratamiento; y por primera vez, se recoge el Derecho al olvido; y el Derecho a la portabilidad. Respecto a las empresas, se diferencian varios ámbitos ya que no todas habrán de cumplir los mismos requisitos y obligaciones. Así, las pequeñas empresas tratan datos de riesgo básico, mientras que las grandes empresas realizan Big Data, Inteligencia Artificial etc. Éstas últimas van a estar obligadas a tener un Delegado de Protección de Datos porque, en muchas ocasiones, llevan a cabo perfilados y tratan datos «sensibles». Además las grandes empresas tendrán que tener hecho y documentado un análisis de riesgos y una evaluación de impacto.

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), ha confirmado que las normas que garantizan la neutralidad de Internet en el país, en vigor desde 2015, dejarán de tener efecto el 11 de junio. Esta comisión derogó en diciembre las reglas de neutralidad de red de la era Obama, lo que permite a los proveedores de Internet bloquear o ralentizar sitios web, siempre que lo comuniquen a los usuarios. Fracasan así los intentos de salvaguardar las normas para mantener una red que no discrimine los contenidos por razón de su origen, contenido u otros intereses.

Algunos estados y grupos de defensa de libertades y de consumidores han tratado, en vano, de bloquear las nuevas reglas. Esta nueva normativa se considera una victoria para los proveedores de conexión a Internet, como AT&T y Comcast, pero genera la oposición de los gigantes de la red como Facebook y Alphabet, la matriz del gigante Google. La neutralidad de la red, como principio, estaba consagrada en la normativa que fue derogada en diciembre, y que prohibía a los proveedores de servicios bloquear, y ralentizar el acceso, o cobrar más por ciertos contenidos en línea. Una vez que entren en vigencia, las nuevas normas otorgarán a los proveedores de conexión a Internet una gran flexibilidad para cambiar la forma en que los consumidores acceden a Internet.

La justicia belga ha dado a Facebook un plazo de 48 horas para que deje de rastrear la actividad en Internet de aquellas personas que no son miembros de su red social pues en caso contrario, deberá pagar una multa de 250.000 euros al día. La nueva decisión sigue a la del mes de junio, cuando el regulador de protección de datos belga acusó a la compañía de no cumplir la ley de privacidad de Estados Unidos, ya que según este, la compañía recopila información de personas que no disponen de cuenta en su servicio.

Además, en octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó el acuerdo para la transferencia de datos personales de ciudadanos europeos a Estados Unidos, el llamado «puerto seguro», por entender que no se protegían adecuadamente los datos. En el nuevo fallo judicial se cuestiona la llamada cookie «datr», la cual permite realizar, según el tribunal, un seguimiento de las actividades en línea desde el navegador cuando las personas visitan, por ejemplo, la página de la red social o hacen clic en el botón de Facebook desde otros sitios web.

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Google podría hacer frente a una costosa multa o verse obligada a cambiar su estrategia con Android en Rusia. La agencia federal anti-monopolio del país (FAS) ha determinado que la práctica de obligar a los fabricantes de telefonía a instalar aplicaciones y servicios de Google en sus teléfonos supone un abuso de poder. Aunque no hay todavía una sentencia firme, la agencia anti-monopolio (FAS) remitirá sus conclusiones a Google durante la próxima semana.

El gigante de la red podría tener que hacer frente a una multa de más del 15 por ciento de su facturación en el país. La investigación de la FAS comenzó el pasado mes de febrero a raíz de una denuncia de su rival, el buscador ruso ‘Yandex’, que acapara el 61,9 por ciento de las búsquedas del país y crece a un ritmo del 20 por ciento anual. Su posición en el móvil, sin embargo, dista mucho de la que tiene entre los usuarios de PC convencional debido a que la mayoría de fabricantes de teléfonos Android -la plataforma más extendida en el país- están obligados a instalar el buscador de Google por defecto y varias aplicaciones y servicios de la compañía.

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