La ley anti P2P vuelve a la asamblea de Francia
Tras haber sido rechazado el proyecto de Ley por el abandono de la mayoría de los parlamentarios, ahora vuelve a la Cámara, pero en ésta ocasión, el propio presidente de Francia ha pedido a sus diputados que acudan a la votación, para que salga adelante.
Esta ley, prevee el corte de la conexión a quien se detecte descargando contenidos ilegales de Internet, una medida que choca con la ley aprobada hoy mismo en Bruselas sobre las Telecomunicaciones.
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La SGAE ha presentado el balance del 2008, con 334 millones de ingresos, una cifra algo menor que la registrada un año antes. Sugiere su presidente que si las personas, quieren cultura gratis, debería ser el propio Estado quien asuma el coste.
Sin duda, no ha gustado nada a muchos internautas, la decisión del pasado viernes, de un tribunar de Estocolmo, que condenaba a "The Pirate Bay". Tras esa decisión, se han seguido las reacciones, como el ataque del lunes al sitio web de la IFPI.
El argumento con los que los abogados defienden la anulación del juicio, es que el juez que declaró culpables a los miembros de "the pirate bay", pertenece a varias asociaciones en favor del copyright, por lo que no es imparcial.
Estados Unidos, la UE y otros países, están centrados en redactar una ley que permitiría al personal de seguridad en aeropuertos, revisar el contenido de los portátiles o reproductores, pidiendo la prueba de compra de los archivos MP3 y DivX que encontrasen.
Aun a pesar de la sentencia dada a conocer la semana pasada, ningún proveedor de acceso a internet de Suecia, tiene previsto cortar el acceso a la web de "the pirate bay". De este modo, la acusación, ve como no se hace realidad su deseo de ver cerrado el portal.
Ellos siempre han defendido su inocencia, ya que no ofrecían material pirateado, sino enlaces a los sitios donde éste se encontraba. Finalmente un tribunal de Estocolmo, les ha encontrado culpables, condenándoles a un año de carcel y al pago de 2,7 millones.
La mayoría se refieren al envío de correo no deseado (tanto por internet como teléfono móvil), la adhesión a servicios de coste adicional sin el consentimiento del cliente y ultimamente, crecen las denuncias sobre cámaras de videovigilancia.