La mayoría se refieren al envío de correo no deseado (tanto por internet como teléfono móvil), la adhesión a servicios de coste adicional sin el consentimiento del cliente y ultimamente, crecen las denuncias sobre cámaras de videovigilancia.
Sobre ésto último, ya existen más de un millón de entidades que tienen registradas sus cámaras de seguridad en la AEPD por lo que son legales.
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