La implantación de este tipo de sistemas supondría un ahorro de cerca de 620 millones de euros anuales para el Estado Central. Los gobiernos autonómicos recortarían sus gastos en aproximadamente 1.400 millones y las entidades locales en algo más de 460 millones.
Además, si las Administraciones compartieran las mismas aplicaciones informáticas se podrían ahorrar otros 1.000 millones de euros adicionales.
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