Por un lado las operadoras, y por el otro las entidades de gestión de derechos de autor, han coincidido en proponer la creación de un macro-portal que ofrezca contenidos legales a "buen precio" como alternativa a las descargas ilegales, y como un paso previo a aplicar sanciones a quienes las realicen.
El Gobierno previamente tendrá que conocer cuales son las directrices marcadas por Bruselas.
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