Bruselas considera que esta tasa es incompatible con las normas de la UE en materia de telecomunicaciones. Se estima que iba a generar unos ingresos de aproximadamente 230 millones de euros en 2010.
La comisaria de Telecomunicaciones, Neelie Kroes, lanzó el expediente contra España en marzo de 2010 y aseguró en aquel momento que la tasa parece afectar indebidamente a los operadores de telecomunicaciones.
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