Exigen cambios, y no permitirá que un organismo gubernal pueda determinar la suspensión de una conexión a Internet. Deberá ser, en todo caso, un juez quien lo determine anteponiendo la presunción de inocencia que tampoco se contemplaba en la ley empujada por Sarcozy.
Así, parece que Francia podría encaminar su ley, hacia las directrices marcadas desde Bruselas.
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