Un texto que ha conseguido el respaldo de todos los grupos y que insta al Gobierno, a modificar de forma urgente, todo aquello que sea necesario y teniendo en cuenta el marco de la normativa europea sobre comunicaciones electrónicas, la normativa española en dicha materia, a fin de garantizar el cumplimiento por parte de los proveedores de telecomunicaciones que operan en España del principio de neutralidad de la red.
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