Se trata de la última de las cuatro etapas previstas en la ley para combatir el acceso gratuito a contenidos ligados al cobro de derechos de autor a través de Internet.
El Ministerio Público tramitará los casos y decidirá si los lleva ante un juez, que puede dictar una pena máxima de 1.500 euros de multa y la suspensión del servicio de Internet durante un mes.
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