El menor exigía 2.500 euros por no vender una base de datos que contenía DNI’s, contraseñas y datos de empleados, colaboradores y distribuidores de una mercantil del sector informático.
La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por la empresa extorsionada en la que manifestaron haber sido víctimas de la sustracción de una base de datos de clientes tras un acceso fraudulento a sus servidores.
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