Noticias sobre Legislación.
Se aprobó una campaña de sensibilización con una inversión de 2,26 millones de euros y que se desarrollará entre noviembre 2008 y marzo de 2009. "Todas las partes han de tener en cuenta los derechos de los creadores, el impulso de la sociedad de la información y el acceso de los ciudadanos a una oferta de contenidos lo más amplia, plural y segura posible" dijo el ministro.
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Entre las enmiendas aprobadas en la votación figura una que dice que los organismos reguladores deben "obligar" a los operadores a distribuir información a sus actuales o nuevos clientes. El informe aprobado ha sido duramente criticado por asociaciones de usuarios, que consideran que las medidas contra el intercambio de archivos amenazan la neutralidad de la Red.
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En la próxima reunión del G-8, podría haber un documento llamado "Acuerdo Comercial Contra la Falsificación (ACTA). Sorprende que el acuerdo ponga en la misma página al crimen organizado y a "los internautas que intercambian archivos".
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El comité de Mercado Interno y Protección del Consumidor (IMCO) tiene previsto votar una serie de enmiendas encaminadas, en teoría, a controlar los actos ilícitos en la Red. Son tres: La H1 habilitaría a los gobiernos para establecer restricciones a los contenidos ilícitos en la Red, H2 que establecería mecanismos de colaboración entre proveedores de Red y productores de contenido y la H3 obligaría a los proveedores a controlar y avisar a los usuarios que se descarguen contenidos 'ilícitos'.
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La OCU presentó una demanda contra Telefónica y Uni2 en 2001 por los servicios de los números de tarificación adicional con prefijo 906 (de acceso libre) y que, en realidad, debían ofrecerse a través del prefijo 903 (de acceso restringido para quienes lo solicitaran). El Tribunal Supremo establece que no proceden los recursos de Telefónica y UNI2 y que la sentencia es firme.
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La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York adoptó el jueves esa decisión para facilitar la investigación que se sigue para resolver la demanda de Viacom en la que protesta por la difusión en éste portal, de contenidos protegidos por derechos de autor.
Las direcciones IP no se harán públicas. Unicamente serán utilizadas en el ámbito de la investigación.
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La Sociedad General de Autores (SGAE) denunció a Julio Alonso por comentarios publicados en una entrada de su blog en la que informaba sobre una técnica, conocida como "Google Bombing", por la que varuios internautas colaboraron para que al introducir el término "ladrones" en el famoso buscador, apareciese la página web de la SGAE en primer lugar.
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Entre los arrestados hay titulares de establecimientos hoteleros, administradores de redes locales de cable y de televisiones por ondas, presidentes de comunidades de vecinos e instaladores. Contaban con miles de abonados a los que enviaban la señal a través de dispositivos inalámbricos. La Policía ha intervenido un total de 115 descodificadores con los que se ha ocasionado un fraude a los titulares de los derechos que asciende a varias decenas de millones de euros.
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El canon digital, que paga el fabricantepero que a posteriori repercute en el precio final, pretende compensar a los autores por los ingresos de dejan de percibir cuando se hace una copia de su obra, y por eso grava los soportes susceptibles de almacenar cualquier tipo de creación.
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Según cálculos de la Plataforma Todos contra el Canon, que agrupa a 30 organizaciones, las cantidades con que se cargan estos productos supondrá un incremento medio del 24,2% de su precio y en algunos DVD y CD más de un 40%, con un sobrecoste anual de 220 euros por hogar.
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