El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha concluido que el acceso a las comunicaciones encriptadas de los ciudadanos por parte de los gobiernes sin las garantías suficientes, como ocurriría con una puerta trasera, es una violación del derecho al respeto de la vida privada. Esa es la conclusión del TEDH sobre un caso que ha enfrentado a un usuario del servicio de mensajería Telegram con el Gobierno ruso.
Este caso se remonta a 2017, cuando las autoridades rusas requirieron a Telegram que entregara las conversaciones de seis sospechosos en un caso terrorismo. El servicio de mensajería se negó, alegando que «era técnicamente imposible» cumplir con la orden «sin crear una puerta trasera que debilitaría el mecanismo de cifrado para todos los usuarios». Un año después, el demandante, junto a una treintena de personas, impugnó la orden de divulgación ante un tribunal, como recoge la sentencia del TEDH, argumentando que el facilitar las claves de descifrado que solicitaban las autoridades rusas «permitiría descifrar las comunicaciones de todos los usuarios sin la autorización judicial requerida por la ley rusa». Aunque Rusia dejó de suscribir este Convenio en septiembre de 2022, el TEDH aceptó el caso por haber ocurrido con anterioridad.