La cooperación policial ha permitido desarticular una red internacional dedicada a la distribución ilegal de obras audiovisuales por Internet.
La organización operaba en cinco países y creó sociedades para usarlas como depósito financiero de los pagos a la red, que, según las autoridades germanas, podrían haber alcanzado 1.000.000 euros en tan sólo diez meses.
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