Las autoridades españolas han defendido la actuación del regulador nacional, la CMT, solicitando la anulación de la multa impuesta a Telefónica.
El 4 de julio de 2007, la Comisión señaló que Telefónica había impuesto precios no equitativos, estrechando los márgenes entre los precios mayoristas que cobraba a sus competidores.
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