Según el ejecutivo comunitario, Reino Unido no ha desarrollado leyes nacionales que vayan en la línea de las directrices comunitarias en materia de protección de las comunicaciones de los internautas.
Ahora tienen un plazo de dos meses, para indicar las medidas que tomarán, y de no ser satisfactorias para la UE, podrían recibir una sanción.
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