Es de sobra conocida las diferencias entre los países que conforman la Eurocámara, en cuanto a cómo se deben proteger la propiedad intelectual en la Red. Mientras que unos países afirman en que el acceso a Internet debe ser un derecho fundamental, otros opinan que debe cortarse a quienes se descarguen contenidos ilegales.
Hoy se ha acordado que para restringir el acceso a Internet, debe haber una orden judicial, y no una entidad encargada de ello, como es actualmente en Francia.
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