Noticias sobre Legislación.
La sentencia del Tribunal Europeo de Justicia sobre el «canon digital» aún colea. La Asociación de Internautas alza la voz una vez más; esta vez para exigir la devolución completa de las penalizaciones impuestas hasta ahora. Además, plantean la revisión de la Ley de Propiedad Intelectual.
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado el canon digital que se aplica a equipos de reproducción destinados a particulares para uso privado, pero ha declarado ilegal aplicarlo indiscriminadamente a empresas y profesionales.
La legislación española permite la reproducción para uso privado, sin autorización del autor, de obras ya divulgadas. Y establece una retribución a favor de los titulares de los derechos.
Finalmente, el Tribunal de Justicia recuerda que corresponde al juez nacional, apreciar si el sistema es compatible con la directiva.
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Según la AEPD, se han constatado indicios de dos infracciones graves y tres muy graves de la Ley Orgánica de Protección de Datos, imputables a Google Spain.
Google, en un comunicado, lamenta «profundamente» la recogida de estos datos. «Estos datos no han sido utilizados de ninguna forma en ningún producto y la compañía nunca pretendió utilizarlos», aseguro el buscador.
Google recuerda que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, ha archivado recientemente su investigación en relación con la recogida de datos de redes WiFi.
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminará el próximo jueves 21 de octubre, si el canon digital que se aplica en España, se ajusta a la legislación comunitaria.
La abogada general, Verica Trstenjak, concluyó el pasado mayo que este gravamen es ilegal porque se impone a todos los equipos y materiales de reproducción y no únicamente a los que se vayan a destinar a la realización de copias privadas.
La legislación española permite la reproducción para uso privado, sin autorización del autor, de obras ya divulgadas. Y establece una retribución a favor de los titulares de derechos, a cuyos efectos grava los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital con un canon por copia privada.
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado la multa de 12,6 millones de euros impuesta en 2003 por la Comisión al operador alemán por abuso de posición dominante.
La sentencia establece un precedente negativo para el recurso presentado por Telefónica ante la justicia europea contra una multa de 152 millones de euros.
El Tribunal subraya que el hecho de que las tarifas del operador debieran ser aprobadas por el regulador no elimina su responsabilidad en materia de competencia.
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La verificación de la edad de los menores en Internet es una asignatura pendiente, pese a que la legislación española de protección de datos exige esta comprobación.
La normativa establece que aquellas entidades que pretendan recabar datos de los menores de 14 años necesitan autorización expresa de quienes ejerzan la tutela legal.
La mayoría de denuncias y quejas que recibe la AEPD, tienen que ver con el uso que hacen de las redes sociales los menores, éstos son víctimas de una utilización indebida de sus datos y fotografías.
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AETIC ha pedido al Gobierno que busque otras alternativas para financiar Televisión Española, distintas al impuesto del 0,9 por ciento de los ingresos de los operadores de telecomunicaciones.
La Comisión Europea ha pedido este semana a España que modifique esta tasa, por considerarla ilegal. En caso de que España no modifique su legislación en el plazo de dos meses, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
Por su parte, el Gobierno ha señalado que sigue pensando que el modelo es compatible con la normativa comunitaria, y que lo va a seguir defendiendo.
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La Comisión Europea ha pedido a España que suprima la tasa que ha impuesto a los operadores de telecomunicaciones para financiar Radio Televisión Española.
El ultimátum de Bruselas afecta también a Francia, en cuyo modelo de financiación de la televisión pública se ha inspirado el Gobierno de España.
En ambos casos, la Comisión considera que estos «impuestos sobre las telecomunicaciones» son incompatibles con las normas de la Unión Europea. Las tasas cobradas a los operadores de telecomunicaciones sólo pueden sufragar determinados costes administrativos y de reglamentación, y deben ser objetivas, transparentes y proporcionadas.
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La comisaria de Interior y la responsable comunitaria de la Agenda Digital, han presentado una batería de medidas para luchar contra los delitos informáticos entre las que se contempla elevar las penas de cárcel, que podrían oscilar entre los 2 y los 5 años.
Además, se pretende reforzar la cooperación judicial y policial, creando una estructura permanente, que estará operativa las 24 horas del día, para responder a las urgencias.
La propuesta de directiva que plantea la Comisión pretende penalizar el uso de las Redes de Bots o ‘botnets’, redes formadas por miles de ordenadores infectados por un ‘software malicioso’, que se usan para cometer fraudes.
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Más de la mitad de los números 803, 806 y 807 denunciados en 2009 fueron retirados por incumplir el código de conducta.
Del total de los expedientes en el año pasado, el 26% correspondieron a denuncias de particulares, el 11% se iniciaron de oficio por la Comisión y el 63% restante fueron denuncias presentadas por instituciones de consumo.
En marzo de 2009 entró en vigor la obligación de desglosar en las facturas la parte relativa a servicio soporte y de la tarificación adicional.
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