La nueva ley castiga la creación o distribución de un virus ‘sin causa razonable’ con hasta tres años de prisión o multas de 500.000 yenes (cerca de 4.380 euros).
Uno de los aspectos polémicos de la norma es que ésta permite copiar o incautar información de servidores de Internet que estén conectados a ordenadores que hayan sido requisados.
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