El Tribunal Supremo ha rechazado todos los argumentos, salvo uno, de la Red de Empresas de Internet contra el real decreto que fija el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual.
En concreto el tribunal considera que si una persona retira el contenido denunciado de su web, no supone un reconocimiento implícito de que estuviera vulnerando la Ley.
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