España es, junto con Malta y Eslovaquia, uno de los países de la UE que todavía no aplica las normas comunitarias contra los ataques a sistemas informáticos, en especial los ataques 'masivos' que sufrió Estonia en 2007. La normativa pretende mejorar la cooperación entre las autoridades judiciales y otros organismos competentes de los estados miembros.
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