El abogado general del Tribunal de la Unión Europea, considera ilegal que un tribunal obligue a un ISP a establecer un sistema de filtrado y bloqueo de las comunicaciones electrónicas con el fin de proteger los derechos de propiedad intelectual.
En un dictamen, resalta que este sistema supone una limitación del derecho al respeto del secreto de las comunicaciones y del derecho a la protección de los datos de carácter personal.
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