Categoría: Europa

A partir del 18 de abril cualquier país de la Unión Europea estará obligado a recibir y procesar facturas electrónicamente en sus operaciones B2G (Business to Government) utilizando un formato común. El plazo de esta obligación se amplía un año en el caso de las Administraciones Regionales y Locales, para darles tiempo a adaptarse al gran cambio que supone a nivel internacional, y por la complejidad del proyecto. La Agenda Digital Europea considera a la e-factura como un elemento clave para las relaciones internas en el mercado común y la entrada en vigor la Directiva 2014/55/CE, que establece esta obligación, supone un fuerte impulso en este sentido.

En 2014, la UE aprobó esta directiva sobre facturación electrónica en la contratación pública, en la que se exigía la definición de un estándar común europeo de e-factura tanto en el nivel semántico como en la sintaxis. El objetivo de este estándar era unificar y simplificar la actividad de las empresas e instituciones a la hora de facturar e intercambiar las facturas entre diferentes países. Actualmente, la factura electrónica con la Administración Pública ya es obligatoria, o tiene una legislación aprobada en países como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Austria, Italia, Eslovenia, España, Croacia, República Checa, Lituania, Bélgica, Estonia, Francia, Países Bajos, Alemania, Polonia y Grecia. A partir del 18 de abril comenzará la obligatoriedad en el resto de países.

El pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde (el martes 26 de marzo) a la reforma de las reglas que protegen los derechos de autor en la Unión Europea, cuyos cambios para adaptar la directiva del ‘copyright’ a la era digital han enfrentado a quienes pedían más garantías para los creadores con las grandes plataformas como Google y Youtube e internautas que aseguran que servirá como arma de censura. Con el artículo 13, las plataformas como las redes sociales (Twitter, Facebook o Instagram, por ejemplo), van a tener que implementar filtros de copyright al contenido que en ellas se comparte.

Este filtro comprobará si el contenido que se sube está sujeto a derechos de autor, y si lo está y no cuenta con permiso, será automáticamente bloqueado por la red social. Las grandes plataformas de la red, como Facebook y YouTube, llevan un par de años desarrollando estos filtros y ya los aplican al contenido que se comparte en el caso de YouTube (donde por ejemplo no podemos subir películas completas). Sin embargo, ellos mismos se han dado cuenta de que este método de moderación anticipada de contenido no es perfecto ni consigue evitar que el contenido sujeto a derechos de autor acabe en las redes sociales. Y en el caso de que este contenido se publique y no se tenga permiso para ello, quien se lleva la multa son las grandes plataformas. El respaldo de la Eurocámara (con 348 votos a favor, 274 en contra y 36 abstenciones) es el penúltimo paso para que se confirme la reforma, a falta de que también den su visto bueno formal los Veintiocho en sesión del Consejo. Una vez validada por todas las partes, los Estados miembros tendrán dos años para trasladar la reforma a sus legislaciones nacionales.

La Unión Europea está aprobando una serie de medidas para fomentar las comunicaciones y eliminar barreras en los estados miembros. Primero fue el fin del roaming, en vigor desde el 15 de junio de 2017. Esta legislación escondía letra pequeña que algunos aprovecharon en un primer momento. Ahora, se han dado las pautas para que, a partir del 15 de mayo, las llamadas entre países europeos no puedan costar más de 19 céntimos. Como con el roaming, se deja la puerta abierta a poder cobrar más en un caso concreto. Ya se han publicado las directrices que deberá aplicar cada regulador nacional en su país de origen.

En este caso, es la CNMC la que deberá velar por el cumplimiento de estas obligaciones con respecto al coste máximo de las llamadas o los SMS cuando llamamos entre países miembros de la Union Europea. El precio del minuto en las llamadas entre países miembros no podrá ser superior a los 19 céntimos de euro. Por su parte, los SMS no podrán tener un precio superior a 6 céntimos de euro. Estos precios suponen una importante rebaja con respecto a los hasta 60 céntimos para el establecimiento de llamada o hasta 79 céntimos por minuto. El ahorro puede llegar hasta el 70 por ciento con respecto a los precios más caros cobrados hasta ahora.

La Unión Europea ha impulsado interesantes acciones a lo largo de su historia, pero es posible que estemos ante una sin precedentes. En este caso, hablamos de un nuevo programa de recompensas como el que realizan las grandes empresas del estilo de Google por encontrar fallos de seguridad en sus servicios y aplicaciones. En este caso, los fallos de seguridad se deberán encontrar en 14 aplicaciones open source o de código abierto entre las que destacan 7-zip, VLC, Notepad++ o Filezilla entre otras. El dinero de las recompensas proviene del proyecto Free and Open Source Software Audit (FOSSA) que alcanza su tercera edición.

Este proyecto fue aprobado por las autoridades europeas en el año 2015 por primera vez, después de que se encontraran vulnerabilidades graves en la librería OpenSSL utilizada por muchas páginas web para sus conexiones seguras HTTPS. La primera edición tuvo una “bolsa” de 1 millón de euros para recompensas. En aquel momento, el dinero fue para los proyectos de Apache HTTP web server y KeePass. La segunda edición contó con una “bolsa” de 2 millones de euros, aunque limitada a 60.000 euros de recompensa máxima por proyecto. Ahora, la tercera edición recompensará con hasta 90.000 euros por encontrar vulnerabilidades en 14 proyectos diferentes dependiendo de su gravedad. Los diferentes programas se activan el 7, 15 o 30 de enero, salvo el de midPoint que lo hará en marzo. Las fechas límite varían, siendo algunas en abril, otras en agosto, otras en octubre y otras casi todo el año 2019.

Los drones, los vehículos autónomos, las tareas automatizadas, los ‘chatbots’ son solo algunos de los ejemplos de lo que el desarrollo de la inteligencia artificial y la robótica es capaz en la actualidad, pero se teme por las consecuencias que su implantación efectiva en la sociedad puedan tener, especialmente en caso de accidente. El informe aprobado por la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento pone de relieve la necesidad de legislar sobre una cuestión cada vez más real que ficticia: los robots, especialmente en torno a la responsabilidad, la seguridad y los cambios en el mercado de trabajo.

Su autora, la eurodiputada socialdemócrata Mady Delvaux, asegura en una entrevista publicada por el servicio de prensa del Parlamento Europeo sobre la aprobación del informe, que «la estandarización interesa al propio mercado porque Europa es líder en robótica, pero si quiere seguir siéndolo, necesitamos tener normas comunes para la industria». Las normas comunes se centran en los robots entendidos como «máquinas equipadas con sensores e interconectadas para recabar datos» y en este sentido, como explica Delvauz, «la cuestión clave es la seguridad y la protección de datos. Los robots no pueden funcionar sin un intercambio de datos, así que también hay que ver quién tiene acceso a estos datos».

Las compañías tecnológicas responsables de redes sociales, Facebook, Twitter y Google, han acordado con la Comisión Europea una serie de medidas por las que ayudarán a combatir el discurso del odio en Europa. Como parte del compromiso que han adquirido con la Comisión Europea, estas redes sociales eliminarán estos mensajes, o el acceso a ellos, en menos de 24 horas y promoverán, con ayuda de organizaciones sociales, las contranarrativas.

Las redes sociales más populares cuentan con sus propios códigos de uso del servicio, que penalizan aquellos usuarios que no respectan a los demás, llegan incluso a eliminar sus cuentas y expulsarlos de las plataformas, con especial atención a las muestras de odio, violencia y racismo, que se han incrementado en los últimos años. Las medidas recuerdan a las tomadas en Alemania el pasado mes de diciembre, cuando las mismas compañías acordaron con las autoridades alemanas combatir el incremento del racismo en Internet debido a la crisis de refugiados.

El pasado 15 de diciembre, tras más de tres años de negociaciones, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo llegaron a un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión para la reforma de la protección de datos. Una negociación lenta, tediosa y llena de matices y dudas. Una propuesta para garantizar la seguridad de los datos de los ciudadanos y forzar a las empresas a garantizar un uso correcto de la información privada. Abriendo la puerta a sanciones y multas multimillonarias en caso de infracción.

La reforma sin embargo abre la puerta también a un elemento imprevisto pero con unas consecuencias potencialmente devastadoras para muchas multinacionales tecnológicas. En el artículo 8 hay un apunte crítico: los menores de 16 años no podrán ceder sus datos. De querer hacerlo necesitarán un consentimiento parenta explícito. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder acceder a las redes sociales podría ser legalmente obligatorio un permiso previo de los padres, algo que ha desatado todas las alertas en el sector. El texto dice, literalmente, que «el tratamiento de los datos personales de un niño menor de 16 años será legal sólo en la medida que dicho consentimiento sea dado y autorizado por el titular de la responsabilidad parental sobre el niño».

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La Comisión Europea ha propuesto una normativa para eliminar en 2017 las restricciones que impiden en la actualidad que los europeos que adquieren contenidos ‘on-line’ (películas, emisiones deportivas, libros electrónicos, música o juegos) en su país, puedan verlos en el extranjero cuando viajan a otros países en la Unión Europea. El comisario de Economía y Sociedad Digitales, Günther Oettinger, confiá que los Gobiernos de los Veintiocho y la Euro-cámara den su visto bueno a la propuesta.

«Queremos garantizar la potabilidad del contenido transfronterizo. La gente que legalmente compra contenido, películas, libros, partidos de fútbol, series de televisión, debe poder llevárselos con ellos a cualquier parte que vayan en Europa. Esto es un cambio real», ha explicado el Ejecutivo Comunitario. También ha presentado otra propuesta normativa para mejorar la protección de los consumidores cuando compran ‘on-line’ y para ayudar a las empresas a vender en otros países de la Unión Europea sus productos y servicios. En concreto, ha presentado dos propuestas para facilitar que consumidores puedan obtener el reembolso cuando adquieren un producto defectuoso revirtiendo la carga de la prueba durante el periodo de garantía del producto.

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El Parlamento Europeo ha aprobado la nueva legislación sobre la gestión de la Red, por la que los proveedores podrán disponer de carriles rápidos y ofrecer productos de tasa cero, al tiempo que ha rechazado las enmiendas que protegían el concepto de «neutralidad de la red». La nueva legislación permite la creación de carriles rápidos para «servicios especializados» y a los proveedores ofrecer sin restricción los llamados productos de «tasa cero».

La velocidad del tráfico podrá aplicarse también según el tipo de datos enviados, entendiendo, por ejemplo, que las videollamadas tienen más importancia que los emails. Asimismo, los operadores también podrán acelerar preferentemente el tráfico antes de que se incremente la demanda. Esto significa que los proveedores de Internet podrán aumentar o disminuir la velocidad de tráfico en servicios concretos propios o de terceros, dependiendo de los acuerdos a los que lleguen. Por ejemplo, Netflix, Google o Apple tendrían que pagar a los operadores para que sus servicios vayan por esos carriles rápidos, lo que sin duda los situaría en una posición mejor respecto a su competencia.

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado «inválida» la decisión que adoptó la Comisión Europea en el año 2000 sobre la transferencia de datos personales de ciudadanos europeos a Estados Unidos: declaró entonces que aquel país garantizaba suficientemente la protección de dichos datos y la privacidad de las personas. Fue dentro de lo que se llamó «puerto seguro», un protocolo al que las empresas estadounidenses se podían adherir de forma voluntaria.

El caso sobre el que el Tribunal ha emitido su veredicto se inició en Irlanda en 2013, cuando el activista austríaco Maximilian Schrems puso una denuncia ante la autoridad irlandesa de protección de datos a raíz de las revelaciones del exconsultor en la CIA y la NSA Edward Snowden. Según Schrems, sus datos personales como usuario de Facebook no están protegidos una vez enviados y guardados en los servidores de Estados Unidos, habida cuenta de las prácticas de la NSA con el programa PRISM. El caso terminó en el Alto Tribunal de Irlanda, que decidió preguntar al Tribunal Europeo. La sentencia apercibe a la Comisión Europea por no comprobar en su día, aunque estaba obligada, que Estados Unidos garantizaba un nivel de protección de los derechos fundamentales «sustancialmente equivalente al garantizado en la Unión». En todo caso, recuerda el Tribunal, el régimen de puerto seguro se aplica a las empresas que se acogen a él, no a las autoridades estadounidenses, y además las compañías se deben a las leyes nacionales, que se acaban poniendo por encima del «puerto seguro», de ahí su no efectividad.

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