Un informe de la Comisión de Cooperación de Consumo estima que la distribución de terminales bloqueados por parte de las operadoras de telefonía es una práctica abusiva y sancionable.
En enero de 2012, FACUA denunció a Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo, por «sabotear» los terminales para que sólo puedan utilizarse con dichas operadoras, y así limitar las posibilidades de uso del móvil.
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