Europa

La Unión Europea ha impulsado interesantes acciones a lo largo de su historia, pero es posible que estemos ante una sin precedentes. En este caso, hablamos de un nuevo programa de recompensas como el que realizan las grandes empresas del estilo de Google por encontrar fallos de seguridad en sus servicios y aplicaciones. En este caso, los fallos de seguridad se deberán encontrar en 14 aplicaciones open source o de código abierto entre las que destacan 7-zip, VLC, Notepad++ o Filezilla entre otras. El dinero de las recompensas proviene del proyecto Free and Open Source Software Audit (FOSSA) que alcanza su tercera edición.

Este proyecto fue aprobado por las autoridades europeas en el año 2015 por primera vez, después de que se encontraran vulnerabilidades graves en la librería OpenSSL utilizada por muchas páginas web para sus conexiones seguras HTTPS. La primera edición tuvo una “bolsa” de 1 millón de euros para recompensas. En aquel momento, el dinero fue para los proyectos de Apache HTTP web server y KeePass. La segunda edición contó con una “bolsa” de 2 millones de euros, aunque limitada a 60.000 euros de recompensa máxima por proyecto. Ahora, la tercera edición recompensará con hasta 90.000 euros por encontrar vulnerabilidades en 14 proyectos diferentes dependiendo de su gravedad. Los diferentes programas se activan el 7, 15 o 30 de enero, salvo el de midPoint que lo hará en marzo. Las fechas límite varían, siendo algunas en abril, otras en agosto, otras en octubre y otras casi todo el año 2019.

Los drones, los vehículos autónomos, las tareas automatizadas, los ‘chatbots’ son solo algunos de los ejemplos de lo que el desarrollo de la inteligencia artificial y la robótica es capaz en la actualidad, pero se teme por las consecuencias que su implantación efectiva en la sociedad puedan tener, especialmente en caso de accidente. El informe aprobado por la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento pone de relieve la necesidad de legislar sobre una cuestión cada vez más real que ficticia: los robots, especialmente en torno a la responsabilidad, la seguridad y los cambios en el mercado de trabajo.

Su autora, la eurodiputada socialdemócrata Mady Delvaux, asegura en una entrevista publicada por el servicio de prensa del Parlamento Europeo sobre la aprobación del informe, que «la estandarización interesa al propio mercado porque Europa es líder en robótica, pero si quiere seguir siéndolo, necesitamos tener normas comunes para la industria». Las normas comunes se centran en los robots entendidos como «máquinas equipadas con sensores e interconectadas para recabar datos» y en este sentido, como explica Delvauz, «la cuestión clave es la seguridad y la protección de datos. Los robots no pueden funcionar sin un intercambio de datos, así que también hay que ver quién tiene acceso a estos datos».

Las compañías tecnológicas responsables de redes sociales, Facebook, Twitter y Google, han acordado con la Comisión Europea una serie de medidas por las que ayudarán a combatir el discurso del odio en Europa. Como parte del compromiso que han adquirido con la Comisión Europea, estas redes sociales eliminarán estos mensajes, o el acceso a ellos, en menos de 24 horas y promoverán, con ayuda de organizaciones sociales, las contranarrativas.

Las redes sociales más populares cuentan con sus propios códigos de uso del servicio, que penalizan aquellos usuarios que no respectan a los demás, llegan incluso a eliminar sus cuentas y expulsarlos de las plataformas, con especial atención a las muestras de odio, violencia y racismo, que se han incrementado en los últimos años. Las medidas recuerdan a las tomadas en Alemania el pasado mes de diciembre, cuando las mismas compañías acordaron con las autoridades alemanas combatir el incremento del racismo en Internet debido a la crisis de refugiados.

El pasado 15 de diciembre, tras más de tres años de negociaciones, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo llegaron a un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión para la reforma de la protección de datos. Una negociación lenta, tediosa y llena de matices y dudas. Una propuesta para garantizar la seguridad de los datos de los ciudadanos y forzar a las empresas a garantizar un uso correcto de la información privada. Abriendo la puerta a sanciones y multas multimillonarias en caso de infracción.

La reforma sin embargo abre la puerta también a un elemento imprevisto pero con unas consecuencias potencialmente devastadoras para muchas multinacionales tecnológicas. En el artículo 8 hay un apunte crítico: los menores de 16 años no podrán ceder sus datos. De querer hacerlo necesitarán un consentimiento parenta explícito. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder acceder a las redes sociales podría ser legalmente obligatorio un permiso previo de los padres, algo que ha desatado todas las alertas en el sector. El texto dice, literalmente, que «el tratamiento de los datos personales de un niño menor de 16 años será legal sólo en la medida que dicho consentimiento sea dado y autorizado por el titular de la responsabilidad parental sobre el niño».

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La Comisión Europea ha propuesto una normativa para eliminar en 2017 las restricciones que impiden en la actualidad que los europeos que adquieren contenidos ‘on-line’ (películas, emisiones deportivas, libros electrónicos, música o juegos) en su país, puedan verlos en el extranjero cuando viajan a otros países en la Unión Europea. El comisario de Economía y Sociedad Digitales, Günther Oettinger, confiá que los Gobiernos de los Veintiocho y la Euro-cámara den su visto bueno a la propuesta.

«Queremos garantizar la potabilidad del contenido transfronterizo. La gente que legalmente compra contenido, películas, libros, partidos de fútbol, series de televisión, debe poder llevárselos con ellos a cualquier parte que vayan en Europa. Esto es un cambio real», ha explicado el Ejecutivo Comunitario. También ha presentado otra propuesta normativa para mejorar la protección de los consumidores cuando compran ‘on-line’ y para ayudar a las empresas a vender en otros países de la Unión Europea sus productos y servicios. En concreto, ha presentado dos propuestas para facilitar que consumidores puedan obtener el reembolso cuando adquieren un producto defectuoso revirtiendo la carga de la prueba durante el periodo de garantía del producto.

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El Parlamento Europeo ha aprobado la nueva legislación sobre la gestión de la Red, por la que los proveedores podrán disponer de carriles rápidos y ofrecer productos de tasa cero, al tiempo que ha rechazado las enmiendas que protegían el concepto de «neutralidad de la red». La nueva legislación permite la creación de carriles rápidos para «servicios especializados» y a los proveedores ofrecer sin restricción los llamados productos de «tasa cero».

La velocidad del tráfico podrá aplicarse también según el tipo de datos enviados, entendiendo, por ejemplo, que las videollamadas tienen más importancia que los emails. Asimismo, los operadores también podrán acelerar preferentemente el tráfico antes de que se incremente la demanda. Esto significa que los proveedores de Internet podrán aumentar o disminuir la velocidad de tráfico en servicios concretos propios o de terceros, dependiendo de los acuerdos a los que lleguen. Por ejemplo, Netflix, Google o Apple tendrían que pagar a los operadores para que sus servicios vayan por esos carriles rápidos, lo que sin duda los situaría en una posición mejor respecto a su competencia.

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado «inválida» la decisión que adoptó la Comisión Europea en el año 2000 sobre la transferencia de datos personales de ciudadanos europeos a Estados Unidos: declaró entonces que aquel país garantizaba suficientemente la protección de dichos datos y la privacidad de las personas. Fue dentro de lo que se llamó «puerto seguro», un protocolo al que las empresas estadounidenses se podían adherir de forma voluntaria.

El caso sobre el que el Tribunal ha emitido su veredicto se inició en Irlanda en 2013, cuando el activista austríaco Maximilian Schrems puso una denuncia ante la autoridad irlandesa de protección de datos a raíz de las revelaciones del exconsultor en la CIA y la NSA Edward Snowden. Según Schrems, sus datos personales como usuario de Facebook no están protegidos una vez enviados y guardados en los servidores de Estados Unidos, habida cuenta de las prácticas de la NSA con el programa PRISM. El caso terminó en el Alto Tribunal de Irlanda, que decidió preguntar al Tribunal Europeo. La sentencia apercibe a la Comisión Europea por no comprobar en su día, aunque estaba obligada, que Estados Unidos garantizaba un nivel de protección de los derechos fundamentales «sustancialmente equivalente al garantizado en la Unión». En todo caso, recuerda el Tribunal, el régimen de puerto seguro se aplica a las empresas que se acogen a él, no a las autoridades estadounidenses, y además las compañías se deben a las leyes nacionales, que se acaban poniendo por encima del «puerto seguro», de ahí su no efectividad.

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Amazon ha dejado de canalizar todas las ventas a través de Luxemburgo para registrar los ingresos por ventas minoristas en cada país europeo. Hasta este momento la compañía canalizaba el negocio a través de Luxemburgo para reducir todo lo posible el pago de impuestos, como hacen otras tecnológicas. La compañía ya estaba preparándose para diversificar su estructura de ventas minoristas desde hace dos años. No obstante fue el pasado 1 de mayo el día elegido por la multinacional para comenzar a hacerlo.

Hay que destacar que este brusco cambio llega en medio de la investigación propuesta por la Unión Europea en la que se analizaban los arreglos de Amazon con Luxemburgo para minimizar sus impuestos. Esta investigación se centraba sobre todo en si Luxemburgo permitió a Amazon operar sin pagar impuestos en Europa. En este sentido Bruselas estaba preocupada por si la compañía de comercio electrónico estaba violando la legislación europea en materia de ayudas públicas.

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La Comisión Europea tendrá en cuenta la creciente competencia de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Skype cuando revisen la normativa sobre telecomunicaciones de Europa el próximo año. Las compañías móviles compiten actualmente con este tipo de servicios «sin estar sujetos al mismo régimen normativo». En este sentido, creen que es necesario diseñar un marco regulador justo y con garantías de futuro para todos los servicios.

Orange y Deutsche Telekom han sido dos de las compañías que desde hace tiempo luchan por conseguir una reglamentación. Teniendo en cuenta que Skype o WhatsApp se están convirtiendo en los sustitutos de los servicios telefónicos tradicionales, las empresas quieren que estas aplicaciones estén sujetas a las mismas obligaciones que los operadores tradicionales. En este sentido, deberían ofrecer, por ejemplo, llamadas de emergencia. El nuevo Ejecutivo europeo ha hecho que la inversión en banda ancha sea una prioridad. Aún así estas empresas aseguran que el actual conjunto de reglas no les animan a invertir en sus redes. Por el momento se desconocen si habrá cambios o si la normativa continuará como hasta ahora.

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El gobierno noruego ha informado de planes para apagar por completo los servicios de radio FM (analógica) en 2017. Varios países de Europa y el Sudeste de Asia están en un proceso similar, pero Noruega es el primero que pone fecha para la transición completa hacia la radio digital, decidiendo un apagón analógico de todos los canales de radio. El estándar digital DAB (Digital Audio Broadcasting) ofrece a las emisoras mayor capacidad de difusión, calidad elevada, optimización del espectro, y mas flexibilidad.

A nivel de usuario, DAB mejora enormemente la calidad de recepción de la señal (a nivel de un CD de música), tanto en sistemas fijos como en móviles, además de aumentar la variedad de la información ya que puede incluir texto y multimedia. Aunque se estima que los receptores serán en el futuro igual o más baratos que los de radio FM, los actuales no son compatibles y el usuario tendrá que adquirir nuevos equipos. En Noruega, más del 50 por ciento de los usuarios usan ya DAB y en 2017 tendrán que ser todos.

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